Por Lenin Bendezú Zárate
La crisis generada en la Policía Nacional del Perú explotó en un volcán mediático originado durante las manifestaciones por el ascenso al poder de Manuel Merino de Lama como presidente de la República. Los fallecimientos de Inti y Jack dejaron espacios de cólera entre una mayoría predominante en las grandes reuniones, los llamados “Jóvenes del Bicentenario”.
A esta muerte se le suman los casos de muchos manifestantes que resultaron heridos y cuyas denuncias públicas en diversos medios de comunicación sembraron las dudas sobre el accionar de algunos elementos en la Policía. Al respecto, la designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente del Perú y la conformación de un nuevo Gabinete Ministerial establecieron los climas de expectativa y leve calma.
Sin embargo, desde el mensaje a la nación por parte de Sagasti Hochhausler aquel 23 de noviembre, la tormenta política pareció regresar al Poder Ejecutivo. El mandatario interino aplicó el uso de sus facultades, dentro del artículo 167 de la Constitución Política, para designar como nuevo Comandante de la Policía Nacional del Perú al general Cesar Augusto Cervantes Cárdenas. Según Sagasti, dicha modificación se realizaba en el marco establecido dentro del artículo 8 del Decreto Legislativo n°1267, el cual establece el procedimiento para la designación de un Comandante General de la PNP.
El argumento del jefe de Estado se basaba en los agravios generados a los participantes en la huelga y también en los supuestos actos irregulares que se habrían cometido durante la pandemia en la administración de los recursos de la Policía Nacional del Perú. Pasada las declaraciones del presidente, la tensión política empezaba a calentarse.
No pasó mucho tiempo para que los altos oficiales dentro de la Policía empiecen a emitir sorpresivas cartas de renuncia, tomando en cuenta principalmente a los generales Orlando Velasco, Jorge Lam y Herly Rojas. Las versiones de los altos oficiales eran que no se respetaba el debido proceso, ya que lo correcto era que “se elijan entre los tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales” y que de no llegar a alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, esto se completaría con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales.
Otros miembros de la PNP también mostraban su postura, alegando que el nuevo Comandante General ocupaba el número 18 en la lista de oficiales generales. Las constantes dimisiones en la institución le sirvieron de carne de cañón al Congreso, quienes ensombrecidos por las protestas nacionales posicionaron su óptica para abordar el tema de la institucionalidad en la Policía dentro de su agenda parlamentaria.
Por otro lado, el mismo Presidente no ayudó mucho para calmar las aguas. Su constante apoyo al titular del MININTER y el respaldo para Cervantes dio a entender que la posición ya estaba dada y que no habría alguna mayor señal de tregua con los “otros” elementos en la Policía.
Tuvieron que pasar semanas para que el día 2 de Diciembre el Congreso de la República prepare la propuesta de moción de interpelación al ministro del Interior: Rubén Vargas. Desde un inicio parecía que se trataba de una maniobra más para desestabilizar o incomodar la vestidura del nuevo Poder Ejecutivo; sin embargo, la propuesta tenía otro objetivo.
Horas después que se sepan las intenciones del Poder Legislativo, todos nos quedamos sorprendidos al revelarse que R. Vargas era familiar de Zenón Vargas, a quien llamaban “El Zorro”, un cuestionado dirigente terrorista de Sendero Luminoso. Adicional a ello, desde Palacio el jefe del MINITER presentaba su renuncia al cargo ministerial argumentando que “las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos poniendo en riesgo el camino trazado”.
De esa forma la cartera del Interior se quedaba sin ministro, pero habría que mencionar que las acciones que se llevaron a cabo en la PNP fueron duramente criticados por actores políticos, ex ministros de la mencionada cartera y hasta por el mismo ex presidente Martin Vizcarra quien dijo que se hubieran llegado a mejores acuerdos.
No pasó mucho tiempo para que desde Palacio de Gobierno se designara como nuevo titular del Interior a Fernando Cluber Aliaga Lodtman, ex general de la Policía Nacional del Perú, y doctor en leyes con grado de Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional.
Los retos que le esperan a este ministerio parecen ser muchos más grandes que los trabajos que viene llevando el MINSA en la lucha contra la pandemia y una posible ola que amenaza con volver. Nos queda esperar para saber qué pasará con la sustentación para el voto de confianza al gabinete de Violeta Bermúdez y una posible nueva fricción entre Ejecutivo y Legislativo.
