La compañía Odebrecht acaba de reconocer frente a la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos en nuestro país por una cantidad de 29 millones de dólares con el único fin de acaparar todos los contratos en obras públicas.
Como bien sabemos, los montos por contrato eran millonarios. Si hacemos memoria y recordamos quien se encargó de construir el segundo tramo del tren eléctrico en el año 2011, podremos ver que las sumas son considerables sabiendo que en aquella ocasión la empresa logró cerrar el contrato junto a la firma peruana Graña y Montero por la suma de 600 millones de dólares.
Estos apropiaciones de obras públicas se han extendido no solo a la capital sino también al interior del país, podemos encontrar obras de irrigación, hidroeléctricas como la central de Chaglla en la provincia de Huánuco con una inversión de US$ 1,200 millones, la carretera llRSA NORTE concesionada también a Odebrecht con una inversión de 1,213 millones de dólares así como la Carretera Interoceánica Sur que fue inaugurada el 2001 y concesionada en el 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo, entre otras.
Lavado de dinero
Se ha mencionado a través de investigaciones periodísticas que se estaría hablando de empresas fantasmas en paraísos fiscales con el único fin de haces una especie de pantalla y pasar desapercibidos, un claro ejemplo de esto estarían en las Islas Vírgenes Británicas donde viajaba el dinero desde cuentas en New York y luego eran depositadas en cuentas de funcionarios y autoridades.
El país ante esta situación
El proceso que busca esclarecer cada uno de estos movimientos va ser largo, el manejo de las coimas para obtener contratos y licitaciones se ha visto a su vez involucradas con el financiamiento de las campañas políticas, como se asegura que fue en el caso de Ollanta Humala. El trabajo por parte de la Fiscalía debe ser rápido y efectivo, hasta ahora lo seguro es que entre el 2005 y 2008 se realizaron pagos por 20 millones de dólares para obtener contratos.
El Sistema Judicial en nuestro país tiene la gran tarea de realizar el sondeo respectivo para llegar a las sumas exactas como también a las personas o destinos donde se hicieron los depósitos de dichos montos. El Estado tiene que otorgar apoyo económico al Ministerio Publico para capacitar un equipo totalmente armado de herramientas y resguardado para llegar al punto de este asunto.
